La ciudadanía frente a los abusos de Electricaribe

El Estado es una realidad, dista mucho de ser un ente inmaterial, a través de él, la ciudadanía tiene la posibilidad de hacer eficaces los principios de la soberanía, los derechos que por naturaleza le atañen y los que políticamente ha conquistado. Hacer cumplir sus deberes a los particulares y autoridades, así como exigirles el pago de sus yerros, de la misma forma en que asumen el beneficio de sus aciertos, son varios de los principales problemas que debe resolver la figura del Estado.

Pero puede suceder que las autoridades, encargadas de hacer efectivos los postulados que conducen a la sana convivencia y la armonía social, omitan el cumplimiento de sus funciones, o aún peor, que ejerzan la función pública en condiciones de inequidad, según sea el sujeto al cual deba aplicársele. Es en este caso, cuando surge la mayor parte del descontento social y las acciones ciudadanas tendientes a hacer valer por las vías de hecho, lo que por derecho le es negado.

Esta rererencia abstracta tiene hoy una correspondencia real en los daños y abusos que impunemente comete la empresa Electricaribe, lo cual empieza a tornar en movilización, el descontento secular. Así, el pasado 10 de septiembre, en todas las ciudades del Caribe, ciudadanos del común manifestaron sus exigencias frente a cada sucursal de la empresa, apoyando además el debate realizado en la comisión VI de la Cámara de Representantes, convocado por el Representante Ape Cuello, respaldado por todos los congresistas de La Costa, boicoteado por Electricaribe, pero con dos invitados del pueblo, los abogados Evelio Daza Daza y Melkis Kammerer Kammerer, profesionales comprometidos con las causas populares.

El drama humano puede resultar angustiante, pero no por ello podemos apartarnos de la lucha por cambiar las injusticias de la vida diaria y esta lucha parte de reconocer que la propiedad estatal es de todo el pueblo y su liquidación equivale a disolver el bienestar de toda la nación.

Juan Carlos Prieto

Es necesario recordar que las electrificadoras de toda Colombia eran de propiedad pública hasta hace poco menos de 20 años; entonces, el interés era brindar a la ciudadanía un servicio para la satisfacción de sus necesidades familiares, pero también los requerimientos de la industria y el comercio, a un precio módico, que promoviera el crecimiento económico y el progreso integral de la sociedad. Este precedente fue producto de conquistas sociales y de un sentido de pertenencia y estrategia, que lamentablemente hoy vemos perdido en la dirigencia colombiana.

Por tanto, es un reto para toda la sociedad reconquistar el honesto sentido que lleva la expresión «servicios públicos»; existe el camino para lograrlo y este es dar apoyo activo a las iniciativas comunitarias, las ligas de usuarios, organizaciones estudiantiles, agremiaciones sindicales y todas aquellas que con sentido democrático propendan por el bien común.

La materialización de este propósito requiere de claridad conceptual, constancia y firmeza en los principios, para lo cual un pliego de peticiones que involucre las necesidades de toda la comunidad, resulta imprescindible. Con modestia estimado lector, permítaseme levantar la mano y proponer cinco puntos que considero, debe llevar el documento que recoja las exigencias populares: 1. Abolición del cargo fijo; 2. Abolición de impuestos y contribuciones sobre el consumo; 3. Disminución del 50% en el precio de las tarifas; 4. Apertura de sucursales de la Superintendencia de Servicios Públicos en cada cabecera municipal; y 5. Prestación del servicio por parte de empresas estatales de derecho público.

No se justifica de modo alguno, que el usuario deba asumir costos fijos, impuestos y contribuciones, mientras los monopolios que prestan el servicio reciben amplias excenciones tributarias por parte de un Estado que se abstiene de ejercer el control debido. Así pues, no es menester enunciar más, sencillamente actuar, ya existe fecha y lugar: 1 de octubre, a las 9:00, frente a Electricaribe, ahí nos vemos.