El espectáculo del 6 de enero, en el que miles de manifestantes, muchos de ellos armados, asaltaron el capitolio de EEUU y se tomaron muchas oficinas, avasallando a los 2.000 miembros de los cuerpos de defensa del parlamento, ha puesto de relieve la preponderancia que tienen en este país la violencia, la polarización y los asuntos militares. En los diferentes momentos en los cuales el gobierno norteamericano ha anunciado su retiro parcial o total de sus tropas en alguna guerra, han seguido sobre el terreno decenas de miles de tales contratistas, persiguiendo los mismos fines de los invasores, pero con menos visibilidad ante la opinión pública. Por ejemplo, cuando EEUU anunció su retiro de Irak, había entre 100 y 200 mil contratistas en ese país y allí permanecieron.
La evolución de estas tendencias no ha variado entre un gobierno y otro. Aumento de la venta de armas al mundo, incremento del gasto militar, mantenimiento de centenares de bases, uso de mercenarios y apoyo a las empresas estadounidenses productoras de armamentos. Pero en los diferentes gobiernos varían los énfasis y las modalidades de involucramiento. Obama y su vicepresidente Biden por ejemplo preferían un menor despliegue de tropas, un fortalecimiento de los ataques con drones y un mayor protagonismo de los mercenarios, incluyendo los de la misma región, como fue el caso del Medio Oriente. Al parecer Trump estaba menos interesado en las pequeñas guerras locales y más dispuestas a la modernización de las fuerzas militares para enfrentar a Rusia y China, sus adversarios “existenciales”. Joe Biden nominó como secretario de defensa a Lloyd Austin Ex director del Comando Central del Ejército, organismo que supervisa las acciones militares en Oriente Medio y quien guió la invasión a Bagdad en 2003. Este nombramiento y otros que provienen de antiguos colaboradores de los gobiernos de Obama y Bush, permiten prever que las tendencias militaristas continuarán con Biden, aunque falta saber cuáles serán sus especificidades.
El 20 de enero Joe Baiden asume la conducción del carro imperialista de los Estados Unidos, como presidente encabezará una embestida para profundizar la toma de la economía mundial y de Colombia por parte de las multinacionales y el capital financiero tal como lo vienen haciendo desde hace más de 30 años con la política de apertura económica y libre comercio responsables de la destrucción del aparato productivo nacional y de ahondar la dependencia del extranjero, tal como lo demuestran las cifras: 147 mil milones de dólares de deuda externa, casí 15 mil millones de dólares de deficit en la balanza de pagos, 14 millones de toneladas de alimentos traídos del exterior, y el saqueo de nuestros recursos naturales con grandes ganancias para las multinacionales y pocos beneficios para la nación y sus regiones, el gobierno de Iván Duque persiste en la profundización de una política económica fallida para los intereses nacionales.
Colombia debe ser una país soberano e independiente frente a cualquier centro de poder extranjero. Por lo que rechazamos la injerencia de cualquier país en nuestros asuntos internos, tales como la política económica y social, la forma de gobierno y los asuntos de defensa y relaciones exteriores.
Se necesita la construcción de un nuevo orden mundial, basado en la soberanía de las naciones, la protección y respeto del derecho a la autodeterminación y la solidaridad entre naciones, como consagra el primer artículo de la Carta de la ONU. Promovemos y defendemos las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países del mundo, en condiciones de igualdad y beneficio recíproco. Por lo anterior, rechazamos el neocolonialismo y el unilateralismo de cualquier potencia para sancionar, someter y saquear los países que no se someten a sus designios.
Defensa de la vida, la salud y la economía
La aparición del Covid-19 en una ciudad de China y su posterior expansión por el mundo causando graves daños a la población y a las economías, es de tal magnitud que ha sido declarado como una pandemia y tiene a todos los gobiernos serios actuando para controlar y frenar su avance. Las mayores pérdidas de vidas se registran hoy en Estados Unidos, Brasil, México, Colombia y el resto de América Latina al igual que en Europa, entre otros. La rapidez con que se produce el contagio y desarrollo de la enfermedad con la consecuente congestión de los servicios de salud, han obligado acudir a medidas tan drásticas como el confinamiento de la población, la parálisis de las actividades económicas no esenciales, la disposición de todos los recursos públicos y privados para esto y la intervención del Estado en la conducción y financiación de toda la operación para proteger la vida de la gente y la economía. Quienes han optado por este camino van siendo más exitosos en la lucha contra la pandemia.
El fenómeno de la pandemia ocurre en medio de una economía mundial en crisis de súper producción y con un amplio dominio del capital financiero y especulativo, principalmente norteamericano. Este periodo de la pandemia estuvo antecedido en la economía de signos claros de recesión, aumento de la concentración de la riqueza y la desigualdad social, pérdida de la capacidad de consumo a consecuencia de desindustrializaciones, traslado de producciones y la automatización y robotización y en otros casos por la caída de los salarios y el incremento del trabajo informal e independiente. A esto toca sumarle el crecimiento y encarecimiento de la deuda externa de las naciones hasta el punto de hacer inviable cualquier desarrollo autónomo y el control hegemónico del patrón-moneda por parte de Estados Unidos lo que le permite controlar los precios de las materias primas y los energéticos. El coronavirus llegó y agudizó una crisis que ya tenía manifestaciones avanzadas.
El gobierno de Iván Duque es de los peores en el mundo frente al tratamiento de la crisis con una política acorde con la gravedad del momento, solo ha invertido dineros del Estado por algo más del 2% del PIB, mientras que muchos pisases han invertido entre el 8 y el 20 % del PIB, pasando por encima de las recomendaciones ortodoxas de los organismos internacionales que Duque y Carrasquilla han seguido al pie de la letra, a lo anterior hay que sumarle el manejo secreto y dudoso de la compra de las vacunas y su tardanza mortal en el inicio de la vacunación masiva, único remedio eficaz contra la pandemia. Estamos ocupando las deshonrosas posiciones 11 y 12 entre los países con mas contagios y muertes, respectivamente.
Protección de la industria nacional
La industria ha sido insustituible motor del desarrollo en los países más avanzados, por su gran aporte al avance científico y tecnológico, el aumento de la productividad del trabajo, la generación de empleo de mayor calidad y el progreso económico, social y político.
Colombia padece por una industria débil, atrasada tecnológicamente, poco diversificada, débil a la hora de exportar y competir con las importaciones y con decreciente participación en el PIB y en la generación de empleo. La pandemia, además de agravar estos problemas, hizo evidente que la crisis nacional e industrial venía desde antes, como lo prueba que el 83% del desempleo de octubre ya estaba presente en febrero. Y este desastre no ha ocurrido porque les falte capacidad a empresarios y trabajadores sino por las equivocadas políticas oficiales.
Desde 1990, la industria nacional, que ya era débil, ha sufrido un notable retroceso. Porque la llamada apertura y los acuerdos internacionales mal negociados desprotegieron la producción industrial y agropecuaria frente a la extranjera, al tiempo en que se mantuvo alto el costo país y se permitió la revaluación del peso. Esto, dentro de la equivocada concepción de que el Estado no debe tener una clara política de promoción y defensa de la producción nacional y de ver la exportación de materias primas mineras y agrarias no como actividades que le suman al progreso de la industria y el agro sino como su reemplazo.
Encaminarse por la senda de la industrialización requiere, primero que todo, reconocer el atraso en el que está Colombia y, como política de Estado, tomar la decisión de superarlo, mediante un conjunto de políticas públicas como las que son de uso corriente en los países desarrollados. Entre ellas: sustituir importaciones y promover exportaciones, renegociar los TLC, aranceles selectivos, créditos amplios y de costos menores, apoyo a la investigación científica y tecnológica, mejorar la infraestructura, compras públicas que respalden la producción nacional, servicios públicos de mejor calidad y tarifas menores, protección y ampliación del mercado interno, políticas preferenciales para la exportación de productos con valor agregado, lucha efectiva contra el contrabando y el dumping, tributación progresiva y estímulos tributarios.
La política industrial colombiana debe tratar con la debida consideración las necesidades de los trabajadores, que deben ser beneficiarios de primer nivel de una seria política para industrializar el país y que produzca fuentes de empleo de la mejor calidad. El desarrollo industrial y agropecuario son sustentos irremplazables del avance del conjunto de la economía nacional y del bienestar social del país.
Protección del empleo digno y con derechos
En nuestro país, el mundo del trabajo no ha tenido el tratamiento que se requiere por parte de los gobiernos para que sea una palanca para el desarrollo productivo, tanto la mano de obra como la inversión de capital de origen nacional han sido desplazados y arrinconados por los intereses extranjeros del gran capital financiero y las multinacionales, el trabajo y la producción nacional han sido colocados en desventaja frente a la inversión y los intereses extranjeros.
La población económica activa PEA, es de 24,5 millones de personas, de ellas solo 52 % están vinculadas a un trabajo formal, con los derechos diezmados por las distintas reformas laborales que ha deteriorado el ingreso y las garantías laborales, en especial en las últimas tres décadas, y por el otro lado, el 48% están en la informalidad laboral, que sin regla alguna es la forma del trabajo de millones de colombianos sumidos en la pobreza y el desamparo. A lo anterior se le suman las brechas de mujeres y jóvenes, a quienes son los que peor les va en esta aberrante situación.
Se ha institucionalizado en Colombia la prohibición legal de la existencia de los sindicatos, con una legislación antiobrera y antisindical, muestra de ello es la tasa de sindicalización que solo cubre el 4,6 % de la población trabajadora, solo 1.400.000 están afiliados a un sindicato, siendo reiterativo la aceptación por parte del ministerio del trabajo de formas de vinculación laboral que incluso están prohibidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tales como el contrato sindical, las cooperativas de trabajo asociadas, el outsourcing y demás, siendo el Estado el principal violador de los derechos laborales. Tal es el caso de los trabajadores de la salud que según cifras oficiales, el 71% están en contratos de prestación de servicios y otras formas de tercerización laboral.
El Estado debe promover una política que estimule la creación de fuentes de empleo con la ampliación de las existentes y la creación de nuevas actividades de trabajo y producción, tener como ariete la política de producir en Colombia las mercancías, productos y serviciosque demanda el mercado interno, iniciando por la sustitución de importaciones y la prestación de actividades del sector servicios con empresas nativas, que acreciente la acumulación interna de capital y desarrollen con todas las garantía y protecciones que se necesitan para tener un fuerte y avanzado aparto productivo nacional al lado de una masa enorme de gentes laboriosas previamente capacitadas e instruidas a las cuales se les garanticen los derechos laborales plenos, de esta manera obtendríamos la posibilidad de hacer de Colombia una nación próspera y en desarrollo, capaz de superar la enorme desigualdad social que está catalogada como una de las más abismales en el mundo.
Impulsar una política laboral que respete los pocos derechos existentes y recobre los conculcados en décadas de neoliberalismo, nos ponemos de lado de las luchas que se avizoran ante los anuncios de nuevas reformas laborales y pensionales regresivas, propugnamos por una verdadera concertación de políticas laborales y sociales entre gobierno, empresarios y trabajadores que defienda el trabajo y la producción nacional.
Insistimos en que el gobierno atiende las exigencias de mejorar las condiciones del personal de salud, girar directamente los recursos a las IPS, garantizar la financiación de la renta básica, subsidiar las nóminas de las micro, pequeñas y medianas empresas, condonar las deudas y conceder nuevos créditos de fomento a productores agropecuarios, financiar la matrícula cero para las Instituciones de Educación Pública, implementar el reconocimiento de la economía del cuidado como una política nacional y un plan de empleo público que alivie la desocupación de mujeres y jóvenes, estimular la reactivación económica con recursos de fomento y sustitución de importaciones. Favorecer la producción cultural y artística nacional, las comunicaciones nacionales y dignificar el trabajo de los artistas. Requerimientos contenidos en el pliego nacional de emergencia del Comité Nacional de Paro.
La defensa de los acuerdos de paz
Después de un costoso conflicto, la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC produjo desenlaces democráticos y humanitarios que contribuyen a la búsqueda del fin de todas las formas de violencia. A pesar de más de 250 asesinatos de excombatientes sometidos a las reglas del proceso de paz, el partido FARC mantiene el compromiso de cumplir dichos acuerdos y no volver a la lucha armada, debemos respaldar esta actitud y exigirle al gobierno de Iván Duque la implementación de lo pactado y rechazar categóricamente los asesinatos, los incumplimientos y la pretensión de destruir el proceso de paz, saboteando la aplicación de los acuerdos. El gobierno debe mantener los esfuerzos para buscar acuerdos con las demás guerrillas, previo el cese unilateral de actividades violentas.
Distintas regiones del país siguen siendo víctimas de masacres contra líderes sociales y comunitarios cometidas por grupos criminales y que lo hacen ante la indolencia y la complicidad del gobierno, como en Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Huila, entre otros. Exigimos plenas garantías para todos los ciudadanos que se organizan y movilizan de manera pacífica para defender sus intereses. Rechazamos todo exceso de fuerza por parte de la policía y la estigmatización de quienes participan en ellas.
Protección de los trabajadores y la población
Como era de esperarse por el ritmo de la negociación del salario mínimo del 2021, el gobierno de Iván Duque emitió el decreto unilateral fijando un aumento del 3,5 % lo que deja en 908.526 pesos la remuneración mensual de más del 75% de los trabajadores formales que, sumado al auxilio de transporte de 106.454 pesos, que no hace parte del salario, deja el ingreso mensual en 1.014.980 pesos. Desde el inicio de las negociaciones en noviembre, los representantes del gobierno y los gremios, mostraron su decisión de no aplicar criterios acordes con la peor crisis económica y sanitaria que vive el país, todo lo contrario se empecinaron en descargar sobre los hombros de los trabajadores el peso de la crisis, con mentiras y sinrazones ampliamente difundidas por los medios, argumentaron que un alza del salario por encima del 2% inicialmente, luego del 2,5% y finalmente del 3,5%, significaba el desplome de la economía colombiana, por tanto descartaron de plano y con burlas la petición de las centrales obreras y de pensionados que lo que correspondía en esta crisis era un aumento del 14%, colocar dinero en los bolsillos de los trabajadores para incentivar el consumo y con ello reactivar la economía en su conjunto, única manera de enfrentar con un mayor poder adquisitivo de la población la desastrosa caída de la economía.
La propuesta de las centrales sindicales contenía además del salario mínimo, cuatro puntos clave en vías de la real reactivación de la economía: renta básica mensual para 9 millones de hogares; subsidio a las nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas generadoras del 80% del empleo nacional; cumplir con la formalización de las plantas de personal del Estado tal como se acordó en la negociación del pliego estatal en 2018 y el aumento de la mesada pensional con el porcentaje del salario mínimo y no con la inflación como es hoy. Nada de esto le interesó en lo más mínimo al gobierno y las cúpulas de los gremios.
Los colombianos rechazamos rotundamente el pírrico aumento del salario mínimo, así como el desconocimiento de las demás peticiones de las centrales obreras y de pensionados en representación de los trabajadores colombianos, y que además en los puntos planteados colocaron uno muy importante para la nación y sus pobladores, la defensa de las empresas nacionales y el salvamento de la producción industrial, agropecuaria, minera y de servicios, convencidos que el mundo del trabajo debe forjar una férrea unidad entre trabajadores y empresarios que permita el desarrollo del capitalismo nacional en contravía de la voracidad de las grandes multinacionales y el sector financiero, únicos ganadores en la tragedia que vivimos.
Llamamos a los trabajadores y a la población en general a persistir en las acciones y movilizaciones masivas y pacíficas que en este 2021 tendrán que realizarse ante la arremetida económica, social que el gobierno de Duque ya ha anunciado, nuevas reformas tributaria, laboral y pensional, privatizaciones de los bienes del Estado, profundización de la antidemocracia y el autoritarismo. Toca estar atentos a los llamados de las organizaciones sindicales y sociales y los partidos alternativos, al Comando Nacional Unitario y el Comité Nacional de Paro para organizar la movilización contra los nefastos anuncios del gobierno, apoyar la negociación colectiva del sector estatal en este 2021 y seguir exigiendo una atención adecuada de las consecuencias de la nefasta pandemia que azota al mundo.
Ponencia presentada ante el comité ejecutivo de la CUT, en representación de la tendencia DIGNIDAD SINDICAL. Bogotá, 19 de enero de 2021.
ELÍAS FONSECA CORTINA.
Líder sindical cesarense, miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Afiliado a la Federación Colombiana de Educadores (FECODE).
JOSE LUIS ROPERO 